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Ya puedes descargar el informe Sosteniendo el Cambio, Por un Trabajo Justo para las Trabajadoras del Hogar en México, en la versión que más útil te resulte:
En México, 2.3 millones de personas trabajan en hogares ajenos limpiando, cocinando, lavando y cuidando. Nueve de cada diez son mujeres y
representan el 10 % de las mujeres ocupadas. Su trabajo sostiene la posibilidad de que otras personas salgan a trabajar, estudien o descansen: 1.6 millones de hogares contratan trabajo del hogar remunerado y, considerando a quienes se benefician de esa labor y a quienes dependen de los ingresos que genera, el sector impacta la vida de cerca de 16 millones de personas.
La última década fue la más activa de la historia normativa del sector. La Suprema Corte declaró inconstitucional su exclusión del Seguro Social, el Congreso reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019 y México ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2020. Sobre el papel, el trabajo del hogar dejó de ser una excepción del derecho laboral mexicano.
Este informe documenta la distancia entre ese reconocimiento y su ejercicio efectivo. Siete años después, el 1 % de las trabajadoras tiene contrato escrito y el 3.4 % tiene seguridad social, pero el 96.6 % sigue trabajando en la informalidad. La afiliación al esquema del IMSS lleva tres años estancada en alrededor de 60 mil personas, menos del 3 % del sector.
Principales hallazgos:
- La paradoja de la formalidad patronal. El incumplimiento de los derechos laborales en el sector no se explica por un desconocimiento genuino de la ley ni por incapacidad económica: quien exige y ejerce para sí un vínculo laboral formal, reproduce en su propio hogar el régimen de informalidad, precariedad y desprotección del que su empleo le protege.
- Brecha salarial y segregación ocupacional. Las mujeres del sector perciben un ingreso promedio de 5,770 pesos mensuales, frente a los 8,855 pesos
que ganan los hombres. Esta brecha del 34.8 % se explica, en parte, por la sobrecarga de cuidados no remunerados que enfrentan en sus hogares.
- Subrepresentación y ampliación de la brecha salarial en la seguridad social. A pesar de constituir el 91.9 % del sector, las mujeres representan alrededor del 66 % de la población afiliada al IMSS.
- La trampa del diseño del IMSS y el sobrecosto contributivo. El esquema actual restringe el acceso a la atención médica exclusivamente a los días pagados por la persona empleadora, lo que deja a las trabajadoras en total desprotección el resto del mes y desvaloriza la utilidad real del aseguramiento.
La precariedad extrema del sector no es un rezago que el tiempo corregirá por sí solo, ni el resultado de una simple suma de malas voluntades patronales. Es el producto de un andamiaje de problemáticas estructurales que operan simultáneamente: un mercado laboral que perpetúa brechas salariales y restringe el acceso a contratos formales; un diseño burocrático de seguridad social que penaliza y excluye las jornadas fragmentadas; una crisis sistémica que transfiere el costo de los cuidados hacia las trabajadoras más vulnerables; la normalización de la discriminación, el racismo y la desregulación de riesgos dentro del espacio privado; un sistema de inspección y justicia laboral que opera en opacidad y desgaste procesal; y un límite institucional según el cual, ante la falta de un Estado que sancione el incumplimiento, los enormes
esfuerzos de la organización colectiva no bastan para transformar la asimetría de poder patronal.